Juntos por Utrera muestra su indignación tras la expulsión de su portavoz del pleno del Ayuntamiento

Francisco Jiménez fue expulsado de la sesión plenaria al entender el equipo de gobierno que había infringido el reglamento

El pleno municipal celebrado en la jornada de este jueves 26 llegaba a sus últimos minutos con la expulsión del portavoz del grupo municipal de Juntos por Utrera (JxU), Francisco Jiménez. Se producía tras una discusión con el alcalde, José María Villalobos, que lo llamó en tres ocasiones al orden para que dejara de hablar, al considerar que estaba fuera de su turno de palabra.

Ante ese incidente desde JxU han denunciado el «comportamiento antidemocrático, la absoluta falta de rigor y el despotismo del alcalde y una parte de sus concejales». Consideran habituales «las faltas de respeto y el abuso de poder para no permitir réplicas o turnos de respuestas que les corresponden a la oposición» durante las sesiones plenarias.

En esta ocasión, la discusión se produjo cuando Jiménez preguntaba a la edil de Hacienda, María del Carmen Suárez, acerca del coste de las carpas alquiladas con motivo de la vacunación frente a la COVID-19 y de los andamiajes instalados en la fachada de la casa Surga, afirmando que el gobierno local estaba «tirando con pólvora del rey». A juicio de Juntos por Utrera, «a la delegada de Hacienda, a pesar de que ya había ejercido su turno, se le autorizó por el alcalde un turno más que, lejos de responder a la cuestión de la que se trataba, aprovechó el turno para culpar a Jiménez del pago de tres millones de euros -cantidad que no es cierta- por el parque del V Centenario. Suárez cerró su intervención amenazando a Jiménez al grito de ‘usted siga, siga que yo tengo para darle’».

Ante la «falsa acusación», esta formación política considera que a su portavoz «le correspondía un turno de réplica, además de estar en su intervención, que le fue negado por el alcalde». Así las cosas, «ante la insistencia en reclamar su derecho por parte de Jiménez, la respuesta de Villalobos fue dar tres avisos casi consecutivos y expulsar al concejal de JxU, que aseguró que ‘estaba dispuesto a marcharse de todas maneras por no soportar la insultante actitud del alcalde hacia los miembros de la oposición’».

Mientras todo esto ocurría, «dejaba mucho que desear la actitud de la bancada socialista, en la que algunos jaleaban y, especialmente la del concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Villalba, al grito de ‘¡Vete, vete!’ dirigido a Jiménez y haciendo gestos a los policías locales que están presentes en las sesiones plenarias para que sacaran del pleno a Francisco Jiménez -que se marchó de motu proprio-. Evidentemente, la Policía, con más criterio y vergüenza que el concejal, hizo caso omiso».

El principal grupo político de la oposición asegura que, a lo largo de todo el pleno municipal, «las faltas de respeto, las risas y los malos gestos del PSOE han estado presentes, como el alcalde riéndose sin ningún disimulo mientras la portavoz adjunta de JxU, Consuelo Navarro, intervenía sobre la ayuda a domicilio, risas que fueron recriminadas por Navarro y en presencia de las trabajadoras de dicho servicio que también habían acudido al pleno para protestar por su situación». De igual modo, «la concejal de Ciudadanos, Isabel González, se vio en una situación similar con Villalobos, que le impidió una intervención de réplica que le correspondía y fue tachado de ‘cacique’ por la edil de la oposición».

Desde Juntos por Utrera denuncian que «esto viene ocurriendo en los dos mandatos de Villalobos, en los que frases como ‘yo soy quien decide y dirijo el pleno’ se pueden escuchar en prácticamente todas las sesiones, en alusión a las quejas permanentes de la oposición por la actitud tirana de un alcalde con ínfulas de oligarca, que se cree que la institución es suya, que no respeta ni a los ciudadanos, que mantiene cerrado el Ayuntamiento para que no se le moleste y ejerce su mandato desde una planta del ayuntamiento cerrada con llave».

Finalmente, esta formación política afirma que los técnicos y empleados municipales «tienen prohibido hablar con los concejales de la oposición para responderles sobre cualquier asunto municipal que les pregunten». De esta forma «se ejerce una presión sobre los empleados, que saben que en cualquier momento van a ser reprendidos simplemente por hacer su trabajo y responder a concejales, que tienen todo el derecho a la información que les otorga la ley».