Juntos por Utrera y Ciudadanos se personarán como acusación popular en la investigación de la compra de los cines

Juntos por Utrera (JxU) y Ciudadanos (Cs) han anunciado que van a personarse como acusación popular en la investigación judicial relacionada con la compra de los cines. Esta decisión llega después de que la Audiencia de Sevilla haya dictaminado en un auto que ambas formaciones pueden seguir presentes en la causa después de que inicialmente estuvieran como acusación particular.

Según JxU, «el alcalde compró el local de los cines pagando un sobreprecio de 230.000 euros sin ninguna justificación ni informe técnico». Explican que la adquisición, «en lugar de llevarse a cabo directamente con la empresa propietaria del inmueble -la inmobiliaria Canvives-, se realizó a través de un intermediario que también está imputado en el caso y que reconoció el cobro de comisiones en la operación». El asunto está siendo investigado desde 2020 por el juzgado de instrucción número 1 de Utrera. Como recuerda esta formación política, por el momento permanecen imputados, además del alcalde, el empresario utrerano que vendió el inmueble al Ayuntamiento, junto a dos funcionarios municipales. De igual modo, comentan que se ha requerido a la Cámara de Cuentas que informe sobre si existen indicios de responsabilidad contable por parte de los concejales del PSOE que son miembros de la junta de gobierno local.

A juicio de Juntos por Utrera, «la estrategia del alcalde y del bufete de abogados que le representa ha sido tratar de expulsar del procedimiento a los portavoces de los grupos municipales que fueron los que denunciaron la operación, Francisco Jiménez (JxU) e Isabel González (Cs), respectivamente». En palabras de Jiménez, «desgraciadamente para ellos seguiremos presentes en el procedimiento, aunque desde el PSOE se haya intentado por todos los medios que la oposición no tengamos acceso a la documentación y al contenido de las declaraciones de los implicados».

Desde el citado partido político explican que el procedimiento continúa su curso. En este sentido, afirman que ha sido citada a declarar la actual interventora municipal «para que aclare, entre otras cuestiones, por qué el Consistorio pagó el IVA que le correspondía abonar a la empresa utrerana que hizo de intermediaria y compró los cines para vendérselos al propio ayuntamiento». Mientras, en el mes de octubre «también están llamados a declarar dos funcionarios y uno de los responsables de la inmobiliaria propietaria original del inmueble».

Francisco Jiménez considera que el alcalde «pretende intentar ocultar la verdad al querer excluirnos del procedimiento, cuando lo que debería hacer es ir preparando las maletas si en los próximos meses se dictamina la apertura del juicio oral». Así, recuerdan que el código ético del PSOE recoge que «Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido». De esta forma, «en caso de que finalmente se abra juicio oral a José María Villalobos, el  alcalde no podría conservar su cargo como alcalde, ni presentarse como candidato a la alcaldía y, además, debería renunciar a los cargos ejecutivos dentro del PSOE como vicesecretario provincial y secretario general de Utrera».

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