Una funcionaria recibirá 31.000 euros de indemnización por tomar posesión de su plaza de la Junta de Andalucía en Utrera 10 años después

Una funcionaria recibirá 31.000 euros de indemnización por tomar posesión de su plaza de la Junta de Andalucía en Utrera 10 años después

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado la reclamación de una mujer a la que la Junta de Andalucía tendrá que indemnizar con 31.000 euros. ¿El motivo? Que no ocupó su plaza hasta una década después de la celebración de unas oposiciones, tras eliminarse una pregunta de dichas pruebas.

La historia se remonta al año 2008, cuando se desarrollaron los exámenes y esta persona no estaba entre los aprobados. Sin embargo, el TSJA anuló una pregunta en 2018, lo que hizo que la recurrente pasara a estar aprobada y, por tanto, a tener una plaza.

Como recoge Diario de Sevilla, esto provocó que la ya funcionaria no pudiera tomar posesión de su plaza en el Centro de Empleo de Utrera hasta 2018, aunque el examen se realizó una década antes. Cuatro años más tarde, en 2022, el Alto Tribunal ha reconocido que tiene derecho a percibir una indemnización de 31.000 euros por parte de la Junta de Andalucía.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha estimado una reclamación de la mujer por los daños morales causados durante todo este tiempo sin poder acceder al puesto de trabajo que había ganado tras la oposición. El abogado de la recurrente, Francisco Cabral, explica que su cliente «ha perdido 10 años del que era su trabajo, puesto que los funcionarios de carrera del proceso selectivo tomaron posesión de su plaza en noviembre de 2008, el año de las oposiciones». El letrado recuerda que a la mujer se le reconoce su puesto una década más tarde, «con los gravísimos perjuicios que de todo ello y de todo orden se han derivado, ya no sólo económicos (que bastantes), sino también morales».

Aunque en el proceso administrativo la mujer reclamaba 100.000 euros de indemnización, esta petición se redujo en sede judicial, solicitando 31.000 euros, una cantidad que el tribunal ha considerado «justa y adecuada».

La sentencia reconoce la existencia de estos daños morales, un hecho que califica como «evidente» y razona que el retraso de diez años en la toma de posesión de su plaza «ha generado a la recurrente una situación de inestabilidad que provoca una repercusión evidente en su estado anímico».

Según el letrado, «no era entendible que pudiera quedar sin resarcimiento económico alguno una situación como esta, cuando existen datos irrefutables por la objetividad de los mismos, que justificarían sobradamente nuestra pretensión. La administración demandada cometió un grave error que dio lugar a unas gravísimas consecuencias». Entre ellas, Cabral afirma que la mujer se vio privada durante una década de un trabajo «bien remunerado y estable, con la tranquilidad y el sosiego que ello representa, como contar con una seguridad económica y no tener la preocupación ni la presión de seguir buscando un empleo o de aprobar unas oposiciones».

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