
José María Villalobos basa sus afirmaciones en la memoria anual del propio hospital
La incorporación de Utrera, El Coronil, Los Molares y El Palmar de Troya al hospital Virgen de Valme provocará el «colapso» de dicho centro. Así de contundente se ha mostrado el alcalde utrerano, José María Villalobos, analizando las consecuencias del cambio de la adscripción hospitalaria que ha decretado la consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Dicha afirmación la ha basado en la memoria anual del propio hospital, sobre la que el regidor local ha situado cómo se multiplicarán los problemas con la llegada de 62.000 pacientes más. Tras analizar los datos del ejercicio 2019 –los de 2020 no pueden ser tenidos en cuenta al estallar la pandemia-, Villalobos afirma que la incorporación de estos cuatro municipios supone un aumento del 17% de los usuarios. Eso traerá consigo «3.800 ingresos más al año», lo que hará que la ocupación media «pase del 74% actual al 87%». Y todo ello mientras la ocupación media del hospital Virgen del Rocío se sitúa «en el 79%».
En palabras del alcalde, «tener una ocupación del 87% hará que en épocas el año con mayor carga, como la que nos encontramos, provocará que se alcance el 100% de ocupación. Y esta situación ya sabemos a qué escenario nos lleva: camas en los pasillos, tardanzas,… y numerosos problemas que creíamos olvidados».
De igual modo, José María Villalobos ha hecho referencia a cómo el cambio planteado por la Junta de Andalucía va a afectar a la atención en las distintas especialidades que no se atienden en el hospital de alta resolución de Utrera. A modo de ejemplo ha citado las consultas de neurología, que «tienen una demora de 79 días y ahora pasaría a 92». Por su parte «el Virgen del Rocío tiene una demora de 45 días».
Ante estas cifras, el primer edil utrerano considera que la consejería de Salud «ni siquiera ha hecho un estudio serio de lo que significa que Utrera, El Coronil, Los Molares y El Palmar de Troya pasen al hospital de Valme». En palabras de Villalobos, la administración autonómica «todavía no ha sido capaz de poner argumentos de peso encima de la mesa, y tampoco ningún estudio que soporte esta decisión».