La Junta de Andalucía anuncia ventajas fiscales en El Palmar de Troya para luchar contra la despoblación

La consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha anunciado una serie de ventajas fiscales en El Palmar de Troya, con el objetivo de combatir los problemas de despoblación. Este municipio es uno de los 422 pueblos, con menos de 3.000 habitantes, en los que se contemplan estas medidas por parte de la ley de tributos cedidos de Andalucía.

En este sentido, ya es posible aplicarse en la adquisición de una vivienda un tipo reducido del 3,5% en el pago de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (Itpajd), siempre que el inmueble esté radicado en dicho municipio, se destine a vivienda habitual y el valor del mismo no sea superior a 150.000 euros.

De esta manera, una persona que compre ahora una vivienda de 140.000 euros en El Palmar de Troya, por ejemplo, pagará un tipo reducido del 3,5% en transmisiones patrimoniales, esto es, 4.900 euros. Si la hubiese adquirido en 2019 habría pagado un tipo general del 8%, es decir, 11.200 euros, lo que supone un ahorro actual de 6.300 euros.

La dirección general de Tributos de la consejería de Hacienda ha publicado una resolución en la que anuncia también un tipo reducido del 0,3% en la modalidad de actos jurídicos documentados del Itpajd, siempre que el inmueble esté radicado en dicho municipio, se destine a vivienda habitual y el valor del mismo no sea superior a 150.000 euros.

Si bien la entrada en vigor del conjunto de la ley de tributos cedidos está prevista a partir del 1 de enero de 2022, se han adelantado ambas medidas, facilitando la aplicación inmediata de estos beneficios fiscales a los nuevos colectivos contemplados en la ley (habitantes de municipios con problemas de despoblación, víctimas de terrorismo y víctimas de violencia doméstica) y también a los colectivos que ya se beneficiaban pero que amplían el número de potenciales beneficiarios: jóvenes menores de 35 años, miembros de familias numerosas, personas con discapacidad, y al resto de contribuyentes que adquieran su vivienda habitual, al elevar los precios máximos de adquisición de la vivienda habitual exigidos por la norma.