El TSJA ratifica los seis años de cárcel por estafar 37 toneladas de pollo y revenderlo en Utrera

El TSJA ratifica los seis años de cárcel por estafar 37 toneladas de pollo y revenderlo en Utrera

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena impuesta a dos hombres por no pagar a una empresa más de 37.000 kilos de pollo, quesos y otros productos ibéricos que luego revendieron en Utrera. Uno de ellos ha sido condenado a seis años de cárcel, y otro a dos años y medio, como ya impuso la Audiencia de Sevilla.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA confirma íntegramente la dictada el 3 de mayo de 2019 por la Sección Séptima de la Audiencia sevillana, que condenó a M.Á.S.C. a seis años por estafa con la agravante de multirreincidencia, ya que antes había sido condenado doce veces por el mismo delito y una por apropiación indebida, y a A.C.C. a dos años.

Ambos urdieron un plan para estafar a una empresa a la que hicieron ocho pedidos por un importe total de 75.000 euros, con lo que acumularon más de 37 toneladas de productos, que luego vendieron en comercios de Utrera y de Los Palacios y Villafranca.

La Audiencia consideró probados que se hicieron pasar por comerciales de una empresa dedicada a la venta de jamones y quesos ante Santa Clara Alimentación, que comprobó que el primer pedido provenía de una empresaria «solvente, de gran crédito y prestigio» y autorizó distintos pedidos entre el 9 de noviembre y el 1 de diciembre de 2016.

El principal acusado recurrió alegando que Santa Clara era la responsable del perjuicio por «no haber advertido el carácter falaz de los pedidos», por ejemplo no confirmándolos con la empresa en cuyo nombre dijo actuar.

El TSJA admite que «el carácter exclusivamente telefónico de los pedidos, sin confirmación escrita o por correo electrónico», podría haber «despertado las sospechas» del empresario, pero añade que «no se le podía exigir que sospechase que la identidad del cliente era una mera superchería», ya que «sólo un empresario desconfiado, meticuloso o escarmentado habría podido descubrir el ardid».

Respecto a A.C.C., alegó en su recurso que él «era un simple empleado, ignorante» del fraude, pero el TSJA ratifica que «era plenamente consciente» del fraude, hasta el punto de que «aportó» la nave para almacenar los productos y, además, «recibió las mercancías, firmó los albaranes de entrega y efectuó las ventas».

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