CSIF alerta de que la nueva situación de la oficina liquidadora de Utrera «pone en peligro» los puestos de trabajo de los empleados

CSIF alerta de que la nueva situación de la oficina liquidadora de Utrera «pone en peligro» los puestos de trabajo de los empleados

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El sindicato CSIF ha alertado de que la nueva situación en la que se encuentra la oficina liquidadora de Utrera «pone en peligro» el empleo de los trabajadores de dichas instalaciones, que se encuentran en el Registro de la Propiedad. De igual modo, ha hecho referencia a la merma en la atención cercana que esta oficina prestaba hasta ahora a la ciudadanía en la gestión de determinados tributos.

Dicha organización explica que es algo que se extiende al conjunto de oficinas de este tipo repartidas por Andalucía, tras el convenio de colaboración firmado recientemente por la Agencia Tributaria de la consejería de Hacienda y los registradores de la Propiedad. Según ha indicado, «se ha despojado a 67 de las 91 oficinas liquidadoras de sus principales funciones, que han quedado reducidas a la recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, y comunicaciones de datos; así como a información y asistencia tributaria». Mientras, las 24 oficinas restantes, «aunque mantienen la competencia para la gestión tributaria del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, no pueden gestionar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, con lo que también quedan reducidas a simples estafetas de presentación de documentos y asistencia».

La responsable del área de los Registros de la Propiedad de CSIF Andalucía, Almudena González de Sande, ha explicado que «bajo la excusa del impulso a la administración electrónica, que no es aún una realidad tangible en muchas zonas de Andalucía, la Junta ha establecido un nuevo modelo en el que las oficinas liquidadoras se quedan prácticamente sin contenido y sus alrededor de 300 empleados en toda la comunidad autónoma, sin gran parte de las competencias que tenían hasta ahora».

Para esta organización sindical, «además de la pérdida de empleo, que afectará también a los propios Registros de la Propiedad a los que las oficinas liquidadoras están asociados, el nuevo modelo implantado por la Junta se traducirá en un menoscabo de la atención al contribuyente, que también tendrá que correr con los gastos generados al tener que delegar en gestores, administradores o abogados la tramitación de una documentación que es sencilla en muchos casos y que hasta ahora se tramitaba con carácter gratuito desde las oficinas liquidadoras».

CSIF considera que estas oficinas cuentan con un capital humano que «ha actuado con absoluta lealtad durante años, demostrando calidad en el análisis y en la calificación de los expedientes, capacidad de adaptación y, sobre todo, desarrollando un trabajo constante e intenso que le ha permitido cumplir con unos altos estándares». En palabras de González de Sande, «tememos que la reducción de competencias conlleve una cascada de despidos de un personal que ya no será necesario para atender unas oficinas que quedan reducidas prácticamente a la insignificancia». En este sentido, ha detallado que el sindicato tiene ya constancia de cinco despidos de empleados de algunas de estas oficinas. Igualmente, ha alertado sobre que las 24 oficinas que se mantienen en un primer nivel de actividad «soportarán una desorbitada carga de trabajo que, en muchos casos, triplicará o cuadruplicará la que venían gestionando».

Otra de las consecuencias de la decisión que deja a las oficinas liquidadoras «sin contenido» es «la considerable merma en los ingresos que éstas experimentarán y que, sin duda, puede afectar al conjunto de la plantilla del Registro de la Propiedad al que estén adscritas». Así, el efecto «será especialmente gravoso en aquellos Registros en los que el peso de la oficina liquidadora sea significativamente mayor al del propio registro».

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