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Utrera tendrá que crear un «Madrid Central» para reducir los niveles de contaminación

La ciudad de Utrera tendrá que establecer una «zona de bajas emisiones» en los próximos años, al estilo de «Madrid Central». Así se recogerá en la futura ley de cambio climático que quiere aprobar el gobierno de España en sus primeros 100 días de actividad, y que obligará a los municipios con más de 50.000 habitantes a tomar medidas de ese tipo.

El pasado consejo de ministros aprobó la declaración de emergencia climática en España, lo que contempla diversas medidas que permitan reducir la emisión de dióxido de carbono con el objetivo de que el país cumpla con su compromiso internacional de ser neutro en carbono, es decir, no emitir más dióxido de carbono del que sea capaz de absorber.

El anteproyecto de ley que va a tramitar el ministerio de Transición Ecológica recoge la obligación para poblaciones como Utrera de tomar las medias oportunas que permitan restringir el tráfico y reducir las emisiones de gases contaminantes. En este sentido, Utrera ya ha empezado a experimentar medidas similares a las que tendrá que asumir, como ocurrió las pasadas Navidades, cuando durante varios fines de semana se decidió cerrar el centro de la localidad al tráfico rodado.

La medida anunciada por el gobierno central ya estaba perfilada en el Plan Nacional de Calidad del Aire, donde se fijaba el año 2023 como el horizonte temporal para que entrara en vigor. Esa misma fecha, pero sin vinculación alguna, se recoge en el anteproyecto de ley, aunque aún no está confirmada si esa fecha será la que se establezca como definitiva.

El anteproyecto también solicitaba a los Ayuntamientos que aprobaran medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, para mejorar y electrificar el transporte público y para fomentar del uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.

La creación de planes como «Madrid Central» afectará a casi 150 ciudades que superan el umbral de los 50.000 habitantes. Solo estarán afectados el 1,8% de los municipios de España, aunque estos concentran a más de la mitad de la población, concretamente el 52,6% del total.