Reclaman 200.000 euros de indemnización al ministerio de Justicia tras 15 años esperando cobrar el dinero de una sentencia en Utrera

Reclaman 200.000 euros de indemnización al ministerio de Justicia tras 15 años esperando cobrar el dinero de una sentencia en Utrera

La situación de colapso que sufren los juzgados de Utrera tiene desesperada a una familia, que lleva esperando 15 años para cobrar los 800.000 euros que le reconoce una sentencia. Ante esta situación, ha reclamado ahora al ministerio de Justicia una indemnización por el anormal funcionamiento de dicha sede judicial.

En concreto, el despacho de abogados Bufete Osuna ha reclamado al gobierno central el pago de dicha indemnización a los familiares de Juan Carretero, un jornalero de la localidad gaditana de Algodonales que murió sin cobrar la cuantía recogida en una sentencia, tras quedar tetrapléjico por un accidente de tráfico al chocar contra una mula en 2004 en Utrera. Esa cifra ya le fue ratificada y ampliada en 60.000 euros en 2018 por el retraso del procedimiento, un año después de incluso haber fallecido.

Según informa el propio bufete, también ha interpuesto un recurso de amparo al considerar que ha sido vulnerado el derecho del damnificado a una tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas.

Este despacho ha recalcado que la demora judicial que impidió el cobro de su indemnización motivó que el estado físico de esta persona fuese «deplorable» por no poder pagar los cuidados necesarios. Así, ha relatado que «tras 12 años de lucha, huelgas de hambre e intentos de suicidio» para cobrar los 800.000 euros que una sentencia firme le reconocía, el afectado «tenía su cuerpo lleno de llagas, la mayoría de los órganos no le funcionaban bien y para bañarlo era necesario usar una grúa ortopédica».

Por todo ello, Bufete Osuna ha reclamado al ministerio de Justicia el pago de los 800.000 reconocidos por sentencia, más 200.000 euros por daños morales y otros conceptos a los hijos de los afectados. Igualmente, ha elevado una queja al Defensor del Pueblo y ha puesto el caso en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, de la consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y de otras instituciones.

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