El PA denuncia que Villalobos «se niega a informar» sobre las viviendas sociales en manos de los bancos y el PSOE responsabiliza a los andalucistas

El PA denuncia que Villalobos «se niega a informar» sobre las viviendas sociales en manos de los bancos y el PSOE responsabiliza a los andalucistas

El PA ha denunciado que el alcalde de Utrera, José María Villalobos (PSOE), «se ha negado a informar» sobre la intención del gobierno municipal en relación a las viviendas sociales que todavía están en manos de los bancos. Lo ha puesto de manifiesto tras la celebración de una junta extraordinaria de la fundación del patronato «Nuestra Señora de Consolación», que se encarga de la gestión de las viviendas de titularidad pública en la localidad.

En dicha reunión se aprobó el plan de actuación del ejercicio 2019, así como el nombramiento de la interventora municipal como vicesecretaria del patronato. En este sentido, «no se contempla nada» al respecto de las viviendas de Antonio de Nebrija y Movimiento Maqui. Y es que, según ha puesto de manifiesto el PA, la actividad contemplada el próximo año se limitará a la gestión del parque de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, con el cobro de la renta mensual a los inquilinos, la realización de tareas de mantenimiento de los edificios y la adecuación de las zonas comunes, del parque de viviendas compuesto por las situadas en la barriada El Matadero, calle Ebro y Ronda del Guadalquivir, además de 52 viviendas de la avenida Brigadas Internacionales (propiedad de la Junta de Andalucía, por las que la fundación tiene la encomienda de gestión) y otras 48 en esa misma calle (propiedad del Ayuntamiento de Utrera).

Ante esta circunstancia, la portavoz del PA, Carmela López, como miembro de la comisión del patronato, preguntó en la reunión al alcalde por la intención de su gobierno con respecto a las viviendas sociales de Movimiento Maqui y Antonio de Nebrija que aún se encuentra en poder de las entidades bancarias tras la disolución de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera (Produsa). Según han señalado los andalucistas, la respuesta de Villalobos fue que «ése no era el sitio para preguntar por ese asunto». Sin embargo, la edil del PA le recordó que era «el órgano apropiado para hablar de las viviendas públicas», obteniendo como respuesta del primer edil que «para eso estaban los ruegos y preguntas».

Tras la aprobación de los asuntos incluidos en el orden del día, y ya dentro del apartado de ruegos y preguntas, Carmela López volvió a preguntar por las viviendas en manos de los bancos. En ese momento, el alcalde «se limitó a indicar al secretario que se reflejara en el acta la pregunta» y, a pesar de la insistencia de la portavoz andalucista por conocer si se estaba llevando a cabo alguna gestión, «el alcalde se negó en todo momento a hablar del asunto y a facilitar ningún tipo de información, a pesar de ser su obligación, limitándose a decir que no se convirtiera la reunión en una prolongación del pleno».

A juicio del PA, José María Villalobos «actúa con absoluta impunidad, ejerciendo su poder y su mayoría de la forma más autoritaria y vergonzosa posible, negando información a la oposición bajo el lema del ordeno y mando, como si los miembros de la oposición no fuésemos legítimos representantes de los ciudadanos». Los andalucistas han recordado al alcalde que «su pésima gestión del gobierno local, junto con su falta de empatía con los ciudadanos, su prepotencia y sus maneras intolerables con la oposición, ya le han pasado factura en las elecciones autonómicas».

Por otro lado, los andalucistas han hecho referencia también a la actitud de IU, socio de gobierno del PSOE. En este sentido, han recordado que, en 2013, el portavoz de aquella formación, Carlos Guirao, exigía «al alcalde de Utrera (PA) que informe de manera real y sin engaños a los vecinos de cuál es la situación de los inquilinos de las viviendas de Movimiento Maqui, Brigadas Internacionales y Antonio de Nebrija, dada la situación de liquidación de Produsa». Por aquel entonces, Guirao decía que «se acerca un auténtico drama social, mientras el gobierno lo observa con auténtica e incomprensible paciencia y tranquilidad. Más de un centenar de familias viven cada día con miedo por la incertidumbre de sus viviendas mientras el gobierno, con el alcalde a la cabeza, ni busca solución a los vecinos ni les informa de su situación real ni parece tener intención de hacerlo». Tras esas declaraciones, el PA ha preguntado «qué le ha pasado a IU, que no solo no ha movido un dedo para buscar una solución, sino que ni siquiera es capaz de exigírsela hoy al alcalde al que mantiene con mayoría en el gobierno».

En palabras de los andalucistas, «es inadmisible que, tras casi cuatro años de gobierno, y tras haber incluido en el presupuesto de 2016 la solicitud de los préstamos para la adquisición de las viviendas de Antonio de Nebrija y Movimiento Maqui, esa compra nunca se haya efectuado y siga siendo una incógnita qué va a pasar con las mismas».

De igual modo, el PA ha recordado que el presupuesto total que el patronato de viviendas tiene asignado para el año 2019 es de 100.000 euros, «con un equilibrio del que se desprende la suficiencia de los ingresos para atender a las obligaciones de los gastos que como máximo puede reconocer la fundación».

El gobierno responsabiliza al PA de la situación de las viviendas

Tras las afirmaciones del PA, el portavoz del gobierno municipal, Francisco Campanario (PSOE), ha responsabilizado a los andalucistas de la situación de esas viviendas. En concreto, han explicado que dichas promociones se encontraban en un concurso de acreedores declarado en 2012 en relación a Produsa, «quebrada por la nefasta gestión del PA entre 2003 y 2015 y que fue utilizada por el PA como patio trasero» Sobre las espaldas de esas viviendas,según Campanario, «en las que viven cientos de utreranos, recaían unas hipotecas de 4,5 millones de euros».

En palabras del edil socialista, «a mediados de 2015, el Ayuntamiento de Utrera no se había movido para alcanzar ningún acuerdo» en relación al futuro de dichas promociones y de las personas que en ellas viven. Según Campanario, «la única propuesta que había encima de la mesa era con respecto a las viviendas pertenecientes a Bankia, concretamente las de Antonio de Nebrija, en las que se proponía que la entidad bancaria se quedase como propietaria y pudiese decidir el futuro de las familias que vivían en las viviendas y que el Ayuntamiento se quedase como mero tramitador y recaudador de los alquileres».

Desde el gobierno local defienden que dichas viviendas «tenían que quedarse dentro del ámbito de la gestión pública, y que este equipo de gobierno lucharía por garantizar el bienestar de sus inquilinos». Sin embargo, «por el camino fueron apareciendo varias piedras, como el pago por incumplimiento de 88.000 euros en 2016 porque una subvención concedida en 2010 para el pago de dichas hipotecas se destinó a otros fines».

El gobierno ha recordado que el pasado mes de abril ya adquirió las 48 viviendas de Brigadas Internacionales. El resto «siguen perteneciendo a los bancos, aunque el Ayuntamiento sigue insistiendo y luchando por sus compras y para que las viviendas afectadas de Movimiento Maqui y Antonio de Nebrija corran la misma suerte que las de Brigadas Internacionales».

Según Campanario, la portavoz del PA «siempre ha sido informada por el concejal de Urbanismo, a través del pleno, de la situación de las viviendas sociales. Es lamentable que los causantes de la quiebra y ruina de Produsa, aquellos que dejaron en mano de las entidades bancarias la totalidad de las viviendas sociales y nunca se preocuparon de informar ni de aplicar la transparencia, ahora exijan sin el más mínimo rubor una solución rápida a tan complicado problema que ellos mismos crearon. Mientras, los utreranos siguen esperando alguna frase de disculpa o perdón público por parte de los responsables de la mayor pérdida patrimonial sufrida en la historia del Ayuntamiento de Utrera».

 

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