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Bronca política y abandono de concejales del pleno municipal tras la concesión de tres ayudas al trasporte a las hijas de las socialistas Carmen Cabra y Ana Cerrillo

Continúa la polémica por la concesión de 900 euros en tres ayudas al transporte para estudiantes a las hijas de las concejalas socialistas María del Carmen Cabra y Ana Cerrillo, otorgadas por el propio Ayuntamiento de Utrera. El pleno municipal ha sido testigo de ello, con una gran bronca política en la última sesión plenaria, que terminó con los concejales del Partido Andalucista abandonando el recinto como protesta por la actitud del alcalde, José María Villalobos (PSOE). Fue al impedir a la portavoz del PA, Carmela López, que hiciera uso de la palabra.

En el turno de ruegos y preguntas, la edil andalucista preguntó a las dos concejalas del equipo de gobierno implicadas en este caso «si les parece mínimamente ético que sus familias se beneficien» de esos 900 euros gracias a unas ayudas «que ha promovido, baremado y asignado el propio gobierno del que ustedes son concejalas. ¿No les parece que unas ayudas de este tipo no pueden recaer en una persona con un cargo político y que son un insulto al resto de ciudadanos. ¿Piensan devolver el importe ya cobrado, para que al menos no se les pueda acusar de actuar de manera tan indigna?».

En nombre de las dos afectadas, fue Cabra quien tomó la palabra para afirmar que «las becas son para todos los estudiantes por igual, sin mirar las notas académicas ni la renta familiar». Aclaró que «nuestras hijas son estudiantes, están cursando un grado medio o superior, tienen que desplazarse fuera de Utrera para cursos esos estudios, y han presentado la documentación. Y por eso los técnicos han decidido que tienen derecho a beca».

Los concejales del PA abandonaron la sesión plenaria

La concejala de Cultura, Turismo y Festejos afirmó que «no me encuentro moralmente capacitada para decirle a mis hijas que devuelvan el dinero» porque «ni mi compañera ni yo hemos intervenido en la redacción de las bases ni en la valoración». En palabras de Cabra, «no hay derecho a que se hable de mis hijas en el tren, porque están ajenas a la vida política».

Ante las afirmaciones de María del Carmen Cabra, la portavoz del PA recordó que han sido las dos ediles socialistas «las que han puesto a sus hijas en la picota. Si no quieren que la actividad política salpique a sus familias, no las meta en esto. Y si no quieren que sus hijas sufran las consecuencias de sus actos, o son impolutas y se ciñen al código ético de su partido o se van de la política».

A modo de ejemplo, López explicó que «los empleados de un banco no pueden participar en las promociones que ponga en marcha el propio banco. Y en algunos supermercados, si una persona hace la compra y va a pagar en una caja donde haya un familiar, se tiene que ir a otra caja». Además, recordó que «el caso de las becas no es lo único que ha hecho la señora Cabra. Ya se adjudicó unos premios navideños a los escaparates de sus tiendas. Y ahora nos está costando otra vez el dinero, porque le han vuelto a poner otra denuncia por sus palabras a una ciudadana, y le estamos pagando nuevamente el abogado».

En su segundo turno de intervenciones, María del Carmen Cabra afirmó que «se ha abierto la veda» e intentó comparar el caso de las ayudas económicas al transporte de estudiantes con la situación personal de varios concejales de la oposición. Así, acusó a la portavoz andalucista de «haberse beneficiado de más de 7.000 euros del Ayuntamiento» y a la esposa de otro edil del PA de haber cobrado «otros 1.200 euros», ambas gracias a un plan de empleo; dijo que un exconcejal andalucista «cobró en el anterior mandato un sobresueldo de 3.400 euros mensuales del Ayuntamiento, teniendo su sueldo como funcionario»; y puso en duda que otra actual concejala andalucista se encuentre en paro, a pesar de estar participando en una lanzadera de empleo. «Si quieren que yo le dé ejemplo a mis hijas, devuelvan ustedes el dinero», dijo Cabra.

Ante la alusión directa a los ingresos económicos percibidos por la portavoz del PA, ésta solicitó un turno de intervención por alusiones, como aparece recogido en el reglamento orgánico y de la transparencia del Ayuntamiento, tras el visto bueno por parte del secretario municipal. Sin embargo, el alcalde le negó la posibilidad de tomar la palabra porque «el presidente del pleno soy yo, y soy yo quien da y quita palabras».

Al pedir esa intervención, Carmela López quería dejar claro que «no es equiparable mi situación con la de Cabra y Cerrillo porque yo no soy concejal de gobierno ni tengo nómina del Ayuntamiento. Llevo en paro desde mayo de 2015 y, cuando este año la asociación de mujeres ‘Santiago el Mayor’ recibió una subvención para un proyecto de inclusión social, yo presenté mis papeles para cualquier puesto de trabajo que hubiera disponible, como hizo todo el mundo. Tuve la fortuna de estar contratada como periodista cuatro meses a jornada completa cobrando 1.353 euros, y un mes contratada por dos horas al día». Esta edil recuerda que «cumplí todos los requisitos, al ser una persona parada de larga duración, tener más de 50 años y no recibir ninguna ayuda. Yo no trabajé para el Ayuntamiento sino para la asociación de mujeres, que contrató a personas, como yo, en riesgo de exclusión social».

Tras escuchar la negativa de Villalobos a que pudiera hacer uso de su turno de palabra, todos los concejales del Partido Andalucista decidieron abandonar el salón de plenos como protesta. Lo hicieron mientras la portavoz andalucista acusaba al alcalde de «pisotear los derechos de los concejales, a pesar de que el secretario municipal me ha dicho que tengo derecho a tomar la palabra».

Ya sin los miembros del PA en sus asientos, el regidor utrerano dijo que «no es necesario meter a los hijos de nadie en el debate político» y aseguró que «ni ha habido trato de favor a estas tres estudiantes ni se han aprovechado del cargo de sus madres».