La situación en la que se encuentran los juzgados de Utrera es conocida por todos, siendo de las sedes judiciales más colapsadas de Andalucía. Por las instalaciones de la avenida San Juan Bosco han pasado representantes de todo tipo de órganos y administraciones vinculados a la Justicia, sin que se consiga poner fin a este histórico problema.
Más allá de las denuncias que han hecho públicas todos los sectores implicados (funcionarios, procuradores, abogados, jueces, fiscales, secretarios,…), las frías cifras ponen siempre en evidencia la grave situación que se vive en Utrera. Así, los cuatro órganos jurisdiccionales utreranos cerraron el pasado 2017 con 9.926 asuntos registrados, tanto civiles como penales, que se suman a los 5.629 que quedaban del año 2016 y a los expedientes que puedan ir arrastrando de otras anualidades.
El abogado utrerano José Rojas ha querido hacer públicos estos datos para poner de manifiesto nuevamente una situación que lleva denunciándose desde «hace más de tres lustros». Este colapso es evidente también al contemplar la ratio de los juzgados utreranos, esto es, el número de asuntos que deben resolver, y que «gira en torno a los 300 asuntos civiles al año y 300 penales al año». Esto supone que la carga de trabajo de dichos juzgados es cuatro veces superior a lo que establece el Consejo General del Poder Judicial.
El partido judicial de Utrera abarca, además de la localidad utrerana, a Los Palacios y Villafranca, El Coronil y Los Molares, con 99.172 habitantes, según la Junta de Andalucía en 2016, a lo que unir la población flotante (39 núcleos de población en sus límites). Esto supone que cada juzgado debe atender a 24.793 habitantes.
También Rojas ha querido apuntar las diferencias que existen en este sentido, ya que los cuatro juzgados del partido judicial de Lora del Río atienden a 20.112 habitantes cada uno, los cinco juzgados del partido judicial de Sanlúcar la Mayor cuentan con 22.900 justiciables cada órgano, y en el caso de los siete juzgados de Dos Hermanas atienden tan solo a 18.836 ciudadanos cada uno. También es llamativa la diferencia de Utrera con otras poblaciones andaluzas: Ayamonte, 15.355 habitantes por cada uno de sus seis juzgados; La Palma del Condado, 18.772 habitantes por cada uno de sus cuatro juzgados; Roquetas de Mar, 15.327 habitantes por cada uno de sus seis juzgados; Estepona, 12.461 habitantes por cada uno de sus siete juzgados; Chiclana de la Frontera, 22.431 habitantes por cada uno de sus seis juzgados; y Sanlúcar de Barrameda, 18.754 habitantes por cada uno de sus cinco juzgados.
En palabras de José Rojas, «el aumento poblacional del partido judicial, el crecimiento de la litigiosidad, la nueva adscripción de conocimiento de asuntos con el mismo número de órganos jurisdiccionales y la misma plantilla de personal de siempre, abocan de forma permanente a la denuncia por parte de funcionarios y profesionales del Derecho, de un más que definitivo colapso de los órganos judiciales ante la imposibilidad de atender la demanda ciudadana de Justicia». En este sentido, recuerda que los Colegios Profesionales, Sindicatos, Audiencia Provincial de Sevilla, Fiscalía de la misma, Tribunal Superior de Justicia, o el propio Consejo General del Poder Judicial «son perfectos conocedores de la triste, cansina y reiterada realidad denunciada». Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía viene alertando desde hace años de esta situación, calificando las de Utrera como sedes judiciales «conflictivas».
«La actual situación de colapso, los atrasos injustificados, los déficits funcionariales y la falta de continuidad personal determinan que ‘no exista Justicia en Utrera’», afirma el abogado utrerano, quien explica que «las denuncias han llegado de forma abierta a todas las instancias, ya que son habituales las demoras, dilaciones indebidas, la inexistente celeridad judicial, por lo que estamos ante la quiebra más que fraudulenta del Estado de Derecho en este marco geográfico». No obstante, recuerda «la denuncia persistente, los análisis verificados y las soluciones propuestas», todo ello ante «la pasividad, falta de soluciones y dejación de funciones» para resolver este problema.
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