El Ayuntamiento de Utrera ha reconocido ante el titular del juzgado número 9 de lo social de Sevilla «el reiterado incumplimiento del artículo 29 del convenio colectivo vigente». Lo ha desvelado la sección sindical de UGT en el Consistorio, explicando que, instantes antes del juicio, el propio Ayuntamiento «solicitó un acuerdo con la parte sindical para evitar así la sentencia condenatoria, mediante un acto de conciliación posteriormente formalizado a través de un decreto del letrado de la Administración de Justicia».
Esta situación ha llegado después de que dicho sindicato presentara una denuncia en diciembre de 2016 ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento del convenio colectivo. Tras ello llegó el planteamiento del conflicto colectivo ante el juzgado de lo social, que ha derivado en dicha resolución.
Tras una asamblea de delegados de UGT presentes en el juzgado, el sindicato decidió aceptar la propuesta de la letrada representante del Ayuntamiento de Utrera, una vez reconoció haber incumplido reiteradamente el convenio colectivo. Se trata de un asunto que se refiere a la falta de entrega del vestuario laboral a los empleados del Consistorio y de los elementos de protección individual, lo que «está poniendo día a día en grave riesgo la seguridad y salud de los trabajadores municipales».
A raíz de dicho acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a la entrega de vestuario contemplado en el convenio colectivo correspondiente al año 2017 a toda la plantilla municipal antes del próximo 20 de mayo. Asimismo, también ha prometido la entrega de vestuario correspondiente a 2018 antes del 20 de septiembre. Y todo ello a pesar de que artículo 29 del citado convenio colectivo marca que el suministro debe producirse siempre en el mes de febrero.
En palabras de la sección sindical de UGT, «es triste y lamentable que hayan tenido que decirle primero la Inspección de Trabajo y posteriormente reconocer ante los tribunales de justicia que se está incumpliendo el convenio colectivo para que el Ayuntamiento reaccionara y se comprometa a cumplir la legalidad vigente». En este sentido, recuerdan que los miembros del gobierno local (PSOE-IU) «deberían ser garantes de la legalidad y ejemplo para la ciudadanía y los contribuyentes».
Desde la organización sindical han confiado «que esto haga reflexionar y cambiar de actitud en lo sucesivo a los responsables municipales y que, esta vez sí, cumplan con sus obligaciones legales y lo ordenado por las autoridades, pues de lo contrario estaríamos hablando del incumplimiento ya de una resolución judicial, que tiene el mismo valor ejecutivo que una sentencia».
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