La situación en la que se encuentran las viviendas sociales de las calles Movimiento Maqui, Antonio de Nebrija y Brigadas Internacionales ha enfrentado al PSOE y al PA. Mientras que los andalucistas acusan al alcalde de «negarse» a adquirir dichos pisos, los socialistas han denunciado el «alarmismo» del partido político de la oposición.
Los andalucistas han puesto de manifiesto las «mentiras y ausencia de gestión» por parte del gobierno (PSOE-IU) en asuntos «que deberían ser una prioridad máxima». Hace referencia a las 42 viviendas de Movimiento Maqui, las 40 de Antonio de Nebrija y los cuatro bloques de pisos (los bloques 9, 11, 13 y 15» de Brigadas Internacionales.
A fecha de hoy, esas viviendas que pertenecían a la sociedad de desarrollo Produsa continúan sin ser de titularidad municipal «por la desidia y la dejadez del alcalde, José María Villalobos; y el concejal de Urbanismo, Víctor Sánchez». El PA acusa a ambos ediles socialistas de «no haber movido un solo dedo para poner fin a una situación en las que los realmente perjudicados son los inquilinos de estas viviendas sociales».
Tras ser preguntados en el pleno por la situación de estos inmuebles, «la única respuesta dada por el delegado de Urbanismo fue una sarta de mentiras, que el Partido Andalucista le desmontó una por una». En palabras del PA, la verdadera situación de estas viviendas «es que no se ha hecho absolutamente nada y que el gobierno ni siquiera se pone al teléfono para atender las llamadas de las entidades financieras con las que Produsa suscribió los préstamos para la construcción de los pisos, Bankia y BBVA, ni tampoco atiende a la administradora del concurso de acreedores de Produsa». Los andalucistas han destacado que «todas las partes critican la actitud del gobierno y la nula colaboración de éste para resolver la situación de unos inmuebles que, de seguir así, pueden salir a subasta».
Hace ya año y, tras denunciar el PA el «inmovilismo existente» con este asunto, Villalobos y Sánchez «se vieron obligados a reaccionar y a decir públicamente que ya se había alcanzado un acuerdo con las dos entidades financieras». En este sentido, en el presupuesto municipal de 2016 se incluyeron dos operaciones de crédito: una de 1.015.569 euros con el BBVA para adquirir las viviendas de Movimiento Maqui, y otra de 1.150.000 euros con Bankia para la compra de las de Antonio de Nebrija. Además, se subrogaría el préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las viviendas de Brigadas Internacionales pasaran a ser también propiedad del Ayuntamiento utrerano.
El PA ha desvelado que «esos préstamos nunca se solicitaron, como tampoco se presentó en fecha una subvención ante la Junta para hacer frente al crédito del ICO, cuyo plazo expiró en agosto del pasado año. Ante tal falta de responsabilidad y no ser capaces ni siquiera de estar pendiente de una solicitud de vital importancia, el alcalde de Utrera amenaza con no comprar ninguna de las tres promociones en las que habitan 180 familias con un régimen de alquiler social».
Los andalucistas han destacado que la situación ha llegado a tal punto que «son las propias entidades financieras las que han solicitado una entrevista con el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para pedirle que medie en esta situación enquistada por la falta de interés de Villalobos».
En relación a esta cuestión, el PSOE ha mostrado su apoyo a la «actuación» el gobierno y a «la defensa continua que ejerce de los intereses utreranos en contra de los intereses de los bancos, mano a mano con el PA». Además, acusa a los andalucistas de llevar al pleno «una cantidad ingente de mentiras para defender los intereses de las entidades financieras (ganar dinero a costa de los utreranos), al mismo tiempo que busca rendimiento electoral a través del alarmismo».
Los socialistas afirman que la situación en la que se encuentran esas viviendas sociales se debe a «la nefasta gestión de la sociedad pública Produsa» y a «la incapacidad del gobierno andalucista de aprobar la liquidación de presupuesto de 2014». El PSOE, que en ningún momento habla del BBVA y sólo centra sus críticas en Bankia, acusa al banco de pretender «que sea el Ayuntamiento de Utrera el que se haga cargo de sus deudas y obligaciones, haciendo del Ayuntamiento un gestor particular en lo que a dichas viviendas se refiere (previo pago de dinero público)».
Desde el PSOE consideran «inaceptable que se pague por gestionar unas viviendas sociales protegidas, cuya construcción se financió con las arcas públicas». Asimismo, «mandamos un mensaje de fuerza al alcalde para que defienda a Utrera desde una trinchera, de las miserias y de los miserables».
Tras las críticas de los socialistas, el PA le recuerda que «se dedica a no poner ni un solo argumento sobre la mesa y a enviar notas en las que lo único que hacen es demagogia barata y política de tres al cuarto, sin negar ni uno solo de los hechos denunciados» por los andalucistas.
En este sentido, desde el PA «vamos a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos de Utrera y los derechos de los inquilinos de estas viviendas, tal y como lo hemos hecho siempre sin importarnos los insultos, las descalificaciones y la absoluta falta de moral de un gobierno que, lejos de velar por Utrera, en solo dos años se ha convertido en la principal lacra y el principal problema que tiene nuestra ciudad para poder avanzar».
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