
Los seis sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Utrera lo tienen claro. Pese a la actitud «provocadora y desafiante» del gobierno local (PSOE-IU), «no nos vamos a amilanar ni arrugar, ni mucho menos vamos a desistir ante los recortes de derechos». Y tampoco va a suceder a pesar de «la persecución y el acoso de algunos medios de comunicación, que están sufriendo varios delegados sindicales por defender a los trabajadores», ya que dichas páginas webs están intentando personalizar el conflicto en algunos empleados municipales exclusivamente.
Carteles, silbatos y bocinas han servido de acompañamiento sonoro a un nutrido grupo de trabajadores que, a pesar de la lluvia, volvieron a concentrarse ante las puertas del ayuntamiento para denunciar el incumplimiento de los acuerdos que están firmados. De hecho, han puesto de manifiesto la existencia de sentencias judiciales que están obligando al gobierno local a acatar lo que fue rubricado en su día con los sindicatos.
El portavoz del gobierno, Francisco Campanario (PSOE), acusó a los empleados de estar mintiendo en sus manifestaciones, y llegó incluso a asegurar que era falso que se estuvieran produciendo recortes de derechos o desigualdades entre los trabajadores municipales. Los afectados recuerdan que no hay acercamiento para limar asperezas, que el concejal pide «altura de miras y responsabilidad» para que los empleados dejen atrás sus reivindicaciones y la restitución de los derechos eliminados, «cuando ha sido este equipo de gobierno el que unilateralmente decide mutilar y sustraer derechos vigentes en el convenio y acuerdo de funcionarios».
UGT, Comisiones Obreras, la Unión Sindical Obrera, CSIF y los sindicatos policiales SIPAN y SPPME llevan varias semanas saliendo a la calle para protestar por la actitud del gobierno del PSOE e IU. En este sentido, han puesto de manifiesto que estas movilizaciones «no tienen nada que ver con cuestiones personales de varios trabajadores, porque de ser así no habría seis sindicatos de acuerdo, que es la primera vez que ha ocurrido en la democracia».
En palabras de los sindicatos, «parece ser que el alcalde nunca se equivoca, que el gobierno PSOE-IU no se equivoca, que en dos años de gobierno sólo se han equivocado los sindicatos, los empleados municipales, las asociaciones vecinales y puede que hasta la ciudadanía en general». Asimismo, acusan al equipo de gobierno de tener «mucha soberbia como para reconocer que se están equivocando, yendo en contra de sus principios e ideología de izquierdas, basados en la libertad, igualdad, solidaridad y justicia social. Dicen que están a favor de los derechos sociales y los servicios públicos, pero en el Ayuntamiento de Utrera no ocurre».
Ante las críticas de Francisco Campanario, los sindicatos han querido volver a poner de manifiesto que la realidad dista bastante de lo que dice el edil socialista. Así, han señalado los siete puntos que están motivando las protestas de los empleados, y que fueron determinantes para que el pasado 3 de febrero las seis organizaciones sindicales decidieran romper las negociaciones con el gobierno, hasta que éste cumpla con lo que está firmado.
En cuanto a la discriminación salarial, recuerdan que el gobierno aprobó hace pocas fechas en pleno una medida para que puedan abonarse distintos sueldos a personas que realizan un mismo trabajo, «regulando contratos a la carta, según los intereses del contratante».
El gobierno y los sindicatos acordaron la entrega del premio de jubilación a todos los empleados. Sin embargo, PSOE e IU se niegan a abonarlo, por lo que aquellos trabajadores que han acudido a los juzgados ya han obtenido una sentencia favorable, que obliga al Ayuntamiento a hacer frente a dicho pago. Pese a que existe media docena de condenas al Consistorio, los sindicatos afirman que el gobierno sigue haciendo caso omiso al acuerdo.
Una vez más, las organizaciones sindicales han vuelto a poner de manifiesto que una empleada laboral embarazada no tiene los mismos derechos que una mujer funcionaria. De hecho, «aún habiéndolo negociado, el gobierno municipal lo niega», lo que da muestras de la «discriminación» que defiende el gobierno de José María Villalobos (PSOE).
Los sindicatos se han referido también a los reconocimientos médicos que deben realizarse entre los trabajadores. Los de 2017 están llevándose a cabo, pero denuncian que los de 2016 no se produjeron. Por ello se preguntan «dónde se han gastado la partida económica destinada a dicho fin». «¿Por qué no se ha destinado ese dinero a material de seguridad, por ejemplo? ¿Por qué no se ha aprovechado para invertirlo en las múltiples deficiencias que en materia de seguridad estamos denunciando en el comité de seguridad?», se preguntan, poniendo de manifiesto de este modo las carencias que sufren.
Otro de los aspectos que denuncian los sindicatos tiene que ver con el vestuario laboral. Recuerdan que en 2016 no se entregó, y que esa partida presupuestaria «se ha perdido». En este sentido, afirman que el gobierno municipal «no invierte nada en seguridad», para lo que se remiten «a todas y absolutamente todas las reuniones estériles mantenidas por el comité de seguridad y salud de este Ayuntamiento, donde la protección y seguridad del trabajador está ausente, y no se soluciona ninguno de los problemas que mes a mes llevamos a la mesa los delegados de prevención». Afirman que desconocen en qué estado se encuentra el expediente de contratación del vestuario correspondiente a 2017, «porque ya está incumplido nuevamente el convenio colectivo y acuerdo de funcionarios, pues la entrega debe efectuarse siempre en los meses de febrero».
Los sindicatos reclaman igualmente que «nos devuelvan» los derechos reconocidos en el artículo 14 del acuerdo de funcionarios, relativos a las licencias retribuidas. Recuerdan que dicho texto recoge que «serán de aplicación a los funcionarios que estén al servicio del Ayuntamiento de Utrera los permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la normativa sobre función pública de la comunidad autónoma de Andalucía».
Por último, piden que se inicie «de inmediato» la elaboración de calendarios de reunión y formación previa de los miembros de la comisión técnica de valoración, puesto que «el único documento firmado por esta corporación es el reglamento de valoración de puestos y aún no se han llevado a la práctica las revisiones de todos aquellos puestos de trabajo que se han creado o modificado, tanto desde el gobierno municipal anterior, como éste que a día de hoy nos gobierna».