Estas fechas están siendo de ajetreo para los responsables de la empresa Remolques Andreu, que está situada en una de las naves de que dispone el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) en el polígono industrial El Torno. A principios del nuevo año prevé abrir sus puertas en otro edificio después de que haya recibido la orden de abandonar las actuales instalaciones, pertenecientes a la Junta de Andalucía.
El origen de todo se debe a la inexistencia de la correspondiente licencia de apertura por parte del Ayuntamiento, lo que ha hecho que dicho comercio esté preparando una reclamación ante la administración regional «por daños y perjuicios». Y es que la Junta le había asignado el taller que ahora ocupa por un período de cuatro años, para lo que incluso sus adjudicatarios habían realizado una importante inversión económica. Sin embargo, ese contrato no se ha cumplido y ahora tienen que marcharse a otro local con el gasto que ello le va a suponer. A todo esto se suma «el daño de imagen» que le ha supuesto al citado negocio verse envuelto en esta polémica.
La propietaria de la empresa de remolques, Ana Belén Sousa, ha asegurado que «no sabíamos que ese edificio no contaba con licencia de apertura y que no la podía tener. De haberlo sabido, no nos habríamos instalado en él». Según ha señalado a Utrera Digital, llegó a esa nave en enero de 2014, «y teníamos cuatro años adjudicados para poder estar allí, frente a los tres habituales, debido precisamente a la inversión que tuvimos que hacer por el mal estado en el que estaba el recinto». Mientras comenzaba la actividad, inició los trámites de toda la documentación administrativa que dependía de ella. No fue hasta julio de 2015 cuando le comunicaron que no podía estar en ese edificio al no contar con la licencia municipal. A raíz de esto, presentó escritos y documentos que justificasen que había hecho todo lo que dependía de ella. Transcurrido el tiempo, el pasado mes de noviembre recibió el aviso definitivo de que tenía 10 días para marcharse de allí, o sería precintado el edificio.
La Policía Local se personó en las instalaciones para ejecutar el decreto de alcaldía que ordenaba el cierre. Por este motivo, afirma que acudió al Ayuntamiento donde «me dijeron que no habría más problemas y que siguiera trabajando con normalidad, que el problema dependía de la Junta de Andalucía y estaban gestionando para poder arreglarlo». Sin embargo, al día siguiente volvieron a acudir los agentes para repetir la misma operación.
Al comprobar esta situación, decidió ponerle fin «y empezamos a buscar otra nave para mudarnos, porque no podía seguir con esta intranquilidad, y tener a la policía a diario cerrándome el negocio». En palabras de Sousa, «esto ha sido un palo grande para nosotros, porque gracias a esta empresa comen dos familias». Según ha señalado, «tenemos el contrato en vigor hasta enero de 2018, y cuando hemos comentado al director del CADE por las molestias que esta situación nos está generando, literalmente nos ha preguntado que si no hemos tenido suficiente con los tres años de uso que hemos hecho del taller».
Otra empresa afectada ha sido Impressión Utrera, cuyo período de adjudicación cumple precisamente ahora. Su propietario, Juan León, ha indicado que también se marchará del edificio que le había cedido la Junta de Andalucía.