Los vecinos de Casacerros reclaman saber dónde está el millón de euros entregado para regular la urbanización

Los vecinos de Casacerros reclaman saber dónde está el millón de euros entregado para regular la urbanización

Son muchas las urbanizaciones irregulares que salpican el término municipal de Utrera. Una de ellas, Casacerros, lleva tiempo trabajando para lograr su legalización, ya que viven en un enclave donde apenas disfrutan de los servicios más básicos, a pesar de estar pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y una cuota mensual para arreglar su situación.

En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2002, el lugar en el que se ubica esta urbanización aparecía como suelo urbano consolidado, un paso fundamental para el inicio de su regularización. Sin embargo, han pasado casi 15 años y el proceso no ha avanzado ni mucho menos al ritmo que quisieran las personas que residen en esta zona, donde se encuentran las comunidades vecinales de San Cristóbal y El Toranzo.

En un principio fueron los propios vecinos los que iniciaron este proceso, del que posteriormente se hizo cargo el Ayuntamiento de Utrera. Los datos son llamativos ya que, desde el año 2011, entre los 176 vecinos que componen las dos comunidades han abonado al Consistorio más de un millón de euros para llevar a cabo los trámites necesarios que terminen alcanzando la regularización de la urbanización. Esto quiere decir que cada uno de los vecinos ha abonado en estos años una media de 6.000 euros, sin ver realmente ningún resultado real. «El proyecto de urbanización no está todavía terminado, en abril tuvimos una reunión con el alcalde, José María Villalobos (PSOE), donde nos dijo que en 45 días estaría terminado, pero pasa el tiempo y no hemos vuelto a saber nada, porque el alcalde no ha vuelto a recibirnos, lo único que queremos saber es dónde está nuestro dinero», explica Pepe Zamarreño, presidente de la comunidad de vecinos de El Toranzo.

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Lógicamente, la situación actual en esta urbanización, que se ubica en la zona norte del término municipal, no es sencilla, ya que los vecinos están comprobando cómo a pesar de haber mostrado la mejor de las voluntades para regularizar su situación, el proceso se está alargando en demasía, sin contar además con una explicación razonable de esta paralización. Los presidentes de ambas comunidades de vecinos aseguran que, en la actualidad, el Ayuntamiento sigue girando los pagos, pero el proyecto de urbanización no termina de presentarse y mientras tanto carecen de los servicios más básicos como iluminación, suministro de agua y los cortes de luz son constantes.

No se trata de un problema sencillo, que se viene arrastrando desde hace ya muchos años, ya que el proceso fue iniciado por la anterior corporación municipal, presidida por el andalucista Francisco Jiménez. Con él los vecinos de Casacerros firmaron un convenio destinado al control de todo el proceso, en el que se reflejaba, por ejemplo, la realización de reuniones periódicas entre los vecinos y el Ayuntamiento para que pudieran conocer en cada momento el estado del proceso.

El Ayuntamiento y los vecinos alcanzaron en 2009 un acuerdo para impulsar la regularización de Casacerros

El Ayuntamiento y los vecinos alcanzaron en 2009 un acuerdo para impulsar la regularización de Casacerros

Todo se hizo, además, en un clima favorable auspiciado por la Junta de Andalucía, organismo que los presidentes de los vecinos aseguran que concedió a la localidad de Utrera, en dos ocasiones consecutivas, dos subvenciones de 300.000 euros cada una, que tenían como principal objetivo la dotación de una oficina que sirviera para gestionar la regularización de estas urbanizaciones. Un hecho que también genera dudas, ya que no se explican a dónde ha podido ir ese dinero si finalmente el proyecto de urbanización ni siquiera está terminado todavía.

El último elemento que ha complicado todavía más este proceso ha sido el cambio político en el Ayuntamiento de Utrera, ya que los propios vecinos aseguran que «antes de las elecciones se nos decía que el proyecto de urbanización estaba a punto de estar terminado y ahora pasa el tiempo y sigue sin concluirse».

«Los vecinos no aguantan más, lo único que le pedimos al Ayuntamiento es que respete el convenio que firmamos en su día y nos presente una auditoria para que sepamos exactamente cómo se ha utilizado todo este dinero», explican Pepe Zamarreño y Manuel Casado, los presidentes de las dos comunidades de vecinos que se encuentran afectadas por este problema. Lo que más pesa en el ánimo de todos los vecinos es que, desde que el Consistorio se hiciera cargo del proceso de regularización de la urbanización, que en un principio habían iniciado ellos mismos, todo han sido problemas, retrasos y aumentos en el coste. De hecho, están convencidos de que «si lo hubiéramos hecho nosotros por nuestra cuenta, nos habría costado la mitad y ya estaría medio urbanizado el proyecto».

Muchos comienzan a tirar la toalla y a no creer en que el proyecto de regularización de esta urbanización utrerana sea posible, sobre todo teniendo en cuenta que todo esto es únicamente el comienzo del camino. Después vendría la ejecución de la obra necesaria para legalizar la urbanización, que podría tener un presupuesto de hasta cuatro millones de euros, de ahí que la postura más realista sea la pesimista.

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