
Hacía mucho tiempo que el gobierno de Utrera no tenia tan descontentos a los sindicatos. Algunos incluso como UGT y Comisiones Obreras (CCOO), afines tradicionalmente al PSOE e IU, han mostrado en innumerables ocasiones sus quejas frente a la forma de actuar por parte del equipo de gobierno que encabeza el socialista José María Villalobos.
En este sentido, la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Utrera ha hecho balance del primer año del nuevo gobierno. Ahora ha denunciado la «mala fe» con la que actúa, los «recortes en derechos laborales» que se vienen produciendo en los últimos 12 meses y las «trabas y dificultades» que está poniendo a la labor de dicho colectivo.
Según esta organización, «de manera habitual» el equipo de gobierno pone «trabas y dificultades para que las secciones sindicales podamos realizar nuestra labor de defensa de los derechos de todos los trabajadores municipales». Como muestra de explican que han solicitado una serie de documentos que no les han sido proporcionados. Es el caso de convenio suscrito con el Opaef y del informe económico detallado por el que se le cede a este organismo la gestión de determinados tributos municipales, también han pedido el plan de formación para los trabajadores afectados por la reorganización municipal, el convenio por el que las personas condenadas a prestar servicios a la comunidad cumplen su condena trabajando para el Ayuntamiento de Utrera, la sentencia relativa al premio de jubilación, así como informes y datos sobre los conceptos retributivos para poder elaborar propuestas de plan de productividad. Además, «se nos deniega la asistencia como invitados a las comisiones de las que no formamos parte, como la comisión paritaria de seguimiento del convenio colectivo; y el alcalde se niega a recibirnos y a mantener cualquier tipo de reunión con los representantes de los trabajadores».
Por otro lado, CCOO ha denunciado «multitud de recortes en derechos laborales» durante estos meses. En concreto, hablan de los permisos para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar (cuatro semanas adicionales al permiso por maternidad, reducción de los días por hospitalización de familiares,…); impagos o retrasos excesivos en el abono de muchos conceptos retributivos (servicios extraordinarios, trabajos de superior categoría,…); y la imposición de una nueva organización municipal que ha modificado la ubicación y las funciones de muchos puestos de trabajo sin que haya habido un proceso de negociación.
Sobre todas estas cuestiones, las secciones sindicales han planteado propuestas o solicitado su negociación para llegar a acuerdos que restituyan los derechos perdidos, «obteniendo siempre la negativa del equipo de gobierno, que se viene negando de forma sistemática bajo el pretexto de que debemos negociar un acuerdo y un convenio que engloben todas las cuestiones, ya que los actuales están caducados y se vienen prorrogando año tras año desde 2011. Desde Comisiones Obreras mantenemos la postura de que llegar a acuerdos puntuales no es un atraso, sino un adelanto, ya que lo que se vaya acordando se puede luego incorporar al convenio o acuerdo que se negocien».
El sindicato ha recordado también que de forma previa a las elecciones municipales del pasado año, los dos partidos que ahora forman parte del equipo de gobierno y que por aquel entonces se encontraban en la oposición, mostraron su apoyo a los trabajadores contratados por los programas de empleo de la Junta de Andalucía, que cobraron un sueldo inferior al del resto de trabajadores municipales temporales. «En todo este año, no sólo ninguno de los dos partidos ha mostrado intención de retirar dicha disposición, sino que además siempre se posicionan en contra cuando desde las secciones sindicales se presentan solicitudes a este respecto en las mesas de negociación», lamenta CCOO.
Asimismo, a su llegada al gobierno municipal, «la actual corporación exigió a las secciones sindicales la aprobación del reglamento regulador de la relación, valoración y retribución de puestos de trabajo. Salió adelante el 2 de octubre, pero «no sabemos si por ineficacia o por alguna intención, la aprobación por el pleno y posterior publicación del reglamento se ha venido retrasando tanto que no ha entrado en vigor hasta el día 4 de mayo de 2016, aprovechando la corporación esta situación para realizar modificaciones arbitrarias, sin ningún criterio ni justificación, en la relación de puestos de trabajo». De hecho, el propio secretario general del Ayuntamiento las calificó de «fraude de ley» en su informe a los presupuestos municipales para 2016. En palabras de CCOO, «esto viene a confirmar la falta de voluntad negociadora o la mala fe con la que ha actuado el equipo de gobierno en las cuestiones que nos afectan a todos los trabajadores municipales durante estos doce meses».