La Junta de Andalucía defiende el «confort» de las caracolas

La Junta de Andalucía defiende el «confort» de las caracolas

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La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle (PSOE), ha puesto en valor las «aulas de fabricación rápida», que es como ella llama a las «caracolas» como las que existen en La Mulata, en la parcela donde debería estar construido el nuevo colegio Al-Andalus. De hecho, ha llegado a decir que «tienen los mismos requerimientos que las construcciones permanentes en cuanto a seguridad, equipamiento y confort, siendo sometidas periódicamente a las reparaciones y mejoras que sean necesarias».

Según recoge el diario ABC de Sevilla, ésta es la respuesta parlamentaria de la responsable autonómica de Educación a una interpelación que hizo por escrito la diputada del PP, Esperanza Oña, que le cuestionaba sobre la existencia y el mantenimiento de estas instalaciones.

En la respuesta publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, la consejera se extiende en explicar que las «caracolas» son una solución coyuntural motivada por el desarrollo de obras de centros y la presión demográfica (el incremento de la escolarización). «En el primer caso, la prefabricada permanece en el centro el tiempo necesario para acoger al alumnado en tanto se finaliza la obra; en el segundo, o bien se trata de incrementos puntuales, y por tanto el uso de la prefabricada está limitado en el tiempo, o bien se programa una actuación que venga a resolver esa carencia de espacios», argumenta.

Según De la Calle, «dentro del conjunto del sistema educativo público andaluz, la presencia de las instalaciones prefabricadas es puntual». Además, ha comentado que «la ocupación de estos edificios se rige, al igual que las instalaciones de tipo permanente, por las ratios de alumnado por aula establecidas en la normativa vigente». Si se hace un cálculo prudente de los alumnos afectados de acuerdo con dichos ratios, se estima más de 8.000 niños -la Junta no aporta cifras- realizan su educación obligatoria en los 317 edificios portátiles en uso que tiene la administración autonómica repartidos por todo el territorio andaluz.

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