El gobierno local (PSOE-IU) ha aprobado ceder el cobro y la gestión de los impuestos y las multas al Opaef, dependiente de la Diputación de Sevilla, alegando un ahorro económico con ello para las arcas municipales. Sin embargo, la oposición (PA y PP) se han mostrado contrarios a esta decisión, llegando incluso a afirmar los andalucistas que esta medida costará «más de un millón de euros al año» al Ayuntamiento.
Hasta ahora, el Opaef se viene encargando de la gestión tributaria y recaudadora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y las tasas de entrada de vehículos y recogida de basuras. A todo ello se unirá ahora la recaudación y gestión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), las plusvalías y las multas. Será a partir del 1 de enero.
La Diputación cobra al Consistorio un porcentaje por cada uno de los impuestos que gestiona. Pese al incremento de dichos servicios y al trabajo que realizará el organismo de la Diputación –el Opaef tendrá que contratar a otras dos personas más-, el gobierno defiende un menor coste para el Ayuntamiento «porque nos ofrecen unas bonificaciones al entregar la gestión de un mayor número de figuras, además de haberse producido una rebaja general para todos los municipios». La edil de Hacienda, Ana Cerrillo (PSOE), cuantificó el ahorro en torno a «120.000 euros», mientras que el alcalde, José María Villalobos (PSOE), habló de «200.000 euros».
En palabras de Cerrillo, «nos van a cobrar menos por hacer más trabajo». Por su parte, el concejal de Presidencia, Francisco Campanario (PSOE), comentó que este modelo de gestión ya lo tienen implantado otros Consistorios de la provincia, «de diversos colores políticos».
El nuevo trabajo que realizará el Opaef ya lo venían llevando a cabo un grupo de empleados municipales, que el gobierno reubicará al área de intervención, creando una oficina presupuestaria «de la que hasta ahora carecíamos», comentó la concejala de Recursos Humanos, María del Carmen Suárez (PSOE). En concreto, cifra en ocho las personas que ocuparán ese departamento «para reforzar el área de intervención y tener un mayor control sobre el presupuesto».
El portavoz del PP, Fernando Torres, habló de «dilapidación» de los recursos del Ayuntamiento con esta nueva medida. Asimismo, recordó que esta gestión que ahora se entregará a la Diputación «es un servicio que funciona de maravilla en la actualidad».
Por su parte, la portavoz del PA, Carmela López, denunció que «se malvenden los recursos a la Diputación, y se paga dinero por algo que no hace falta, porque el Ayuntamiento tiene solvencia y recursos apropiados para ello, con un personal que ha venido realizando un magnífico trabajo». No en vano, el Consistorio cuenta «con su propio personal del servicio de gestión de ingresos y gestión de multas, cuyos buenos resultados han sido una realidad fehaciente durante los años de gobierno del PA, haciendo de Utrera uno de los Ayuntamientos con menor endeudamiento y mayor superávit dentro de la provincia de Sevilla».
López se mostró «escandalizada» porque una propuesta de esta envergadura se haya llevado a un pleno extraordinario «sin ningún informe económico que detalle de forma pormenorizada su justificación. No sólo no figura un informe de la Intervención, sino que tampoco se presenta el informe de la jefa del servicio, que se suprime». Todo esto fue uno de los motivos que provocó el abandono de la oposición en bloque del citado pleno, como denuncia al «oscurantismo y falta de información».
En palabras de la andalucista, «si tan bueno fuera el convenio y resultara tan beneficioso para el Ayuntamiento, lo demostrarían con datos y con el informe». «El Opaef debe ser tonto porque le va a suponer más trabajo, tiene incluso que contratar a dos personas y, pese a todo ello, ¿nos va a cobrar menos?», comentó López.
La portavoz andalucista afirmó que el Opaef «es una empresa que sirve para colocar a gente, sobre todo del PSOE». En este sentido, recordó que la actual edil de Hacienda «es una extrabajadora de la Diputación»; y el que alcalde «es también empleado de la Diputación, de la que cobra su sueldo como vicepresidente ‘ficticio’ del Consorcio del Huesna, entidad a la que, según el mismo, ‘no tiene que personarse a trabajar, ni tiene horario’». Sobre la entrega de estos servicios al Opaef por parte de otros Consistorios, López señaló que ocurre porque son Ayuntamientos que, a diferencia de Utrera, no disponen de su propio servicio de cobro y gestión.
Ante la entrega de la gestión de los impuestos y multas a la Diputación, desde el Partido Andalucista no descartan ninguna opción ni política ni jurídica contra lo que consideran «una auténtica tropelía contra los intereses de Utrera y sus ciudadanos».
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