Más de 6 millones de euros de fraude con ayudas al empleo y la formación en la Mancomunidad sólo en 2010

Más de 6 millones de euros de fraude con ayudas al empleo y la formación en la Mancomunidad sólo en 2010

La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, gestionada en exclusiva por el PSOE a lo largo de su historia, habría cometido un fraude de más de seis millones de euros con subvenciones públicas para promover el empleo y la formación de parados. Y todo ello únicamente en relación a 11 ayudas que la entidad comarcal recibió en el año 2010 y hasta principios de 2011. Según ha publicado el diario El Mundo, esta cifra forma parte de las diligencias que mantienen abiertas los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 2 del municipio sevillano de Lebrija.

Este fraude se sumaría a los 52,2 millones de euros de deuda que tiene la administración supramunicipal. De ellos, el anterior gobierno de Utrera hizo frente al pago de los 5,3 millones de euros que le correspondía abonar, habiéndose conocido hace pocas fechas que tendrá que asumir otros 786.000 euros por la ampliación de dicha deuda.

Según desvela el citado periódico, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla están rastreando las 11 subvenciones que la Fiscalía de Dos Hermanas llevó a los tribunales al encontrar indicios de fraude y estiman que el montante, sólo en un año, rondaría los seis millones. Estas ayudas, tomadas de forma individual, oscilan entre los 130.000 y los 430.000 euros y en ninguno de los casos, según fuentes próximas a la investigación, la mancomunidad justificó el gasto.

De hecho, la Junta -que concedió diez de las once ayudas; la undécima la otorgó el Gobierno central- tiene abiertos expedientes de reintegro en todas las subvenciones porque el dinero se destinó, en todo o en parte, a fines distintos a los que fueron concedidas. Así, por ejemplo, de una de las subvenciones, por un importe de 325.000 euros, la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir devolvió a requerimiento de la Junta 225.000 euros, pero los restantes 100.000 euros no han aparecido.

Las ayudas las recibió la entidad para poner en marcha, fundamentalmente, escuelas taller que, aparentemente, nunca funcionaron a pesar de que el dinero sí llegó a las cuentas de Bajo Guadalquivir.

Las investigaciones se centran en la gestión que llevó a cabo uno de los últimos presidentes de la entidad antes de su liquidación, el exalcalde socialista de Los Palacios, Antonio Maestre. Él era el máximo responsable de la mancomunidad cuando se recibieron y gestionaron las ayudas que se están examinando y suyas serían las presumibles responsabilidades penales por el presunto fraude de subvenciones si se acaban confirmando. Junto a Maestre, el otro señalado por la Guardia Civil sería el interventor en este período, Mariano Rodríguez.

Ambos estaban incluidos en la denuncia que en julio de 2013 trasladaron al fiscal los portavoces municipales del PP en los municipios integrados en la mancomunidad y que dio lugar a una investigación previa por parte de la Fiscalía de Dos Hermanas que derivó en once denuncias en los juzgados de Lebrija presentadas este mismo año.

A resultas de las mismas, los juzgados 1 y 2 de Lebrija mantienen abiertas investigaciones sobre un presunto fraude en la gestión de subvenciones públicas recibidas por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una entidad supramunicipal que agrupaba a localidades de Sevilla y Cádiz y que fue disuelta el año pasado con un agujero superior a los 40 millones de euros. Desde los juzgados de Lebrija se han solicitado informes a la Intervención de la Junta acerca de las subvenciones otorgadas al Bajo Guadalquivir.

Asimismo, añadieron estas fuentes, se ha encargado a la Guardia Civil que examine la gestión de estos fondos por parte de la desaparecida mancomunidad. Serían unos primeros pasos antes de decidir si se cita a algunos de los antiguos responsables a declarar, en su caso posiblemente como imputados a tenor de los indicios de delito ya detectados por el Ministerio Público.

Como ya adelantó El Mundo, el ministerio público ha encontrado evidencias de un supuesto fraude en las subvenciones que recibió la mancomunidad sobre todo para cursos de formación. De las ayudas públicas investigadas, prácticamente ninguna fue justificada.

Las irregularidades las ha detectado la Fiscalía de Dos Hermanas a raíz de la investigación que ha desarrollado en los últimos meses y que se ha centrado en las últimas subvenciones concedidas a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, aquellas respecto a la cual el presunto delito no habría prescrito.

Como consecuencia de dicha investigación, explicaron fuentes próximas, la Fiscalía de Dos Hermanas decidió interponer hasta once denuncias, una por cada subvención, en los juzgados de Lebrija.

En todas y cada una de estas denuncias, el Ministerio Público ponía en conocimiento del juzgado de turno las supuestas irregularidades encontradas, cómo la institución recibió el dinero pero no justificó su destino, por lo que pedía que se investigasen los hechos y se depurasen responsabilidades penales al considerar que podría haberse cometido un delito.

Las denuncias no se dirigían contra nadie específicamente, aunque al frente de la institución han estado varios alcaldes, la mayoría socialistas. La última presidenta fue la alcaldesa del PSOE de Lebrija, María José Fernández, y, antes que ella, el ex alcalde socialista de Los Palacios, Antonio Maestre.

Precisamente, la Fiscalía de Dos Hermanas interrogó a principios de mayo a Maestre acerca de una ayuda estatal recibida por la mancomunidad y cuyo reintegro habría reclamado el Estado, al no quedar debidamente justificado el destino de estas subvenciones. Esta ayuda es una de las que ha denunciado el fiscal. Fue concedida a la Mancomunidad cuando estaba presidida por Maestre y el Estado habría reclamado el reintegro al no quedar convenientemente justificada, supuestamente, la aplicación de la ayuda para el fin para el que fue otorgada. Según los datos del PP, la institución se enfrenta a peticiones de reintegro de subvenciones públicas por cerca de seis millones.

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