El pleno municipal del Ayuntamiento de Utrera ha aprobado una propuesta del gobierno local para recargar un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías que sean propiedad de los bancos. Salió adelante con los votos de todos los grupos políticos, salvo el PA que se abstuvo por las dudas sobre la ejecución de esta medida.
Según recoge la propuesta, en Utrera «existe, de un lado, un gran parque de viviendas sin uso o infrautilizado; y, de otro, una demanda insatisfecha, con una oferta insuficiente y a precios no adecuados, por lo que se hace urgente potenciar su uso mediante distintas medidas impulsadas por todas las administraciones públicas, incluidas los Ayuntamientos, en un contexto de crisis económica como el que venimos padeciendo». Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi un 12% de las viviendas de Utrera se encuentran deshabitadas.
El gobierno municipal dice haberse apoyado en un real decreto legislativo según el cual se establece la posibilidad de exigir un recargo de hasta un 50% a los «inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente». A ello se une un decreto-ley aprobado por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía donde se declaran los criterios para que una vivienda sea declarada deshabitada.
En palabras del regidor local, José María Villalobos (PSOE), «ni yo como alcalde ni el Ayuntamiento de Utrera como institución podemos permanecer al margen de este clamor social al que asistimos en relación a la vivienda. En este sentido, iremos aprobando las medidas que sean necesarias con el fin de promover la función social que tiene la vivienda».
En relación a este asunto, el PP ha recordado que esta medida no tendrá ningún efecto práctico sin un desarrollo legislativo a nivel estatal, por lo que pidió al equipo de gobierno que acompañara esta medida con una moción instando al gobierno de la nación a que desarrolle una ley en este sentido. El alcalde se comprometió a ello, para llevar una moción al próximo pleno en la que se pida al gobierno central que elabore una ley que regule estos recargos en el IBI sobre las viviendas vacías de larga duración en manos de las entidades bancarias y sus empresas inmobiliarias.
Por su parte, el PA se mostró de acuerdo, aunque optó por abstenerse porque consideró que no se podía llevar a cabo de esta medida en la práctica.
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