El Defensor del Pueblo Andaluz insta a la retirada «inmediata» de los veladores que ocupen espacio público peatonal

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio ante los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, como es el caso del de Utrera. Les insta a que adopten «las medidas legales oportunas» para ordenar la retirada «inmediata» de todas las instalaciones que ocupen el espacio público sin contar con autorización alguna y que «limiten o dificulten» el uso del espacio peatonal. Todo ello porque, a veces, suponen un «riesgo» para los desplazamientos peatonales y, con frecuencia, «vulneran» las normas de accesibilidad.

Para el Defensor, «en caso de mantenerse una actitud pasiva» por parte de los responsables municipales, «se terminará agravando seriamente el deterioro, en términos de funcionalidad y accesibilidad, que está teniendo ya el espacio público peatonal como consecuencia de la diversidad de instalaciones y mobiliario urbano que, sin criterio adecuado y la mayoría de las veces de forma ilegal, se está instalando en estos espacios».

En el texto de dicha queja, consultado por Europa Press, el Defensor asegura que ha iniciado esta actuación de oficio cuando ha conocido, por distintas noticias publicadas en los medios de comunicación, «las extralimitaciones en las que diversos establecimientos de hostelería incurren en lo que concierne a la instalación, en los espacios peatonales, de mesas, sillas, veladores, carteles,…».

Asimismo, Maeztu recuerda que este problema ya se ha tratado en el Informe Especial al Parlamento de Andalucía con título «Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en los Espacios Urbanos Peatonales de las ciudades andaluzas», todavía pendiente de debate en la comisión correspondiente del Parlamento. En él, hace una serie de recomendaciones para garantizar que el espacio público peatonal «reúna los mencionados requisitos y se impida su usurpación del mismo».

De este modo, explica que vienen observando, desde hace tiempo y con frecuencia, que locales de negocio «vienen instalando -suponemos en la inmensa mayoría de los casos por su inadecuada ubicación- sin autorización alguna, carteles anunciadores consistentes en soportes o atriles de gran tamaño», que «suponen un obstáculo, un riesgo y, en todo caso, generan molestias para las personas que transitan por las aceras y otros espacios públicos peatonales».

«Al principio eran unos pocos los que se atrevían a invadir el espacio público peatonal con tales instalaciones pero, ahora, son centenares y cada vez, por doquier, surgen en una carrera anunciadora, que parece que no tiene fin, para atraer a los posibles usuarios y consumidores a la adquisición o consumo de los de bienes y servicios que ofertan», asegura el Defensor. Esta institución insiste en que se llevan a cabo con una, al menos aparente, «absoluta pasividad» de los gobiernos locales ante la usurpación fáctica del espacio público.

A la vista de tales hechos, el Defensor del Pueblo Andaluz insta a las alcaldías a que, «en la mayor brevedad posible», se adopten las medidas para ordenar la retirada inmediata de todas las instalaciones que estén ocupando el espacio público sin contar con autorización y que dificulten el disfrute del uso peatonal. En caso de incumplimiento, propone que se proceda por parte del Ayuntamiento, previos los trámites legales oportunos, a su retirada por ejecución subsidiaria.

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