Los juzgados investigan la gestión del PSOE en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir

Los juzgados investigan la gestión del PSOE en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir

Los juzgados de primera instancia e instrucción 1 y 2 de Lebrija han abierto sendas investigaciones sobre un presunto fraude en la gestión de subvenciones públicas recibidas por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una entidad supramunicipal que agrupaba a localidades de Sevilla y Cádiz (entre ellos Utrera) y que fue disuelta el año pasado con un agujero superior a los 40 millones de euros. Mancomunidad tuvo como presidentes a los ex alcaldes socialistas José Dorado (Utrera), Antonio Maestre (Los Palacios) y Mª José Fernández (Lebrija).

Según EL MUNDO de Andalucía, ambos juzgados han comenzado ya a realizar averiguaciones en torno al destino dado por los gestores de la extinta mancomunidad a las subvenciones que recibió durante años, fundamentalmente para la organización de cursos de formación y que en su práctica totalidad no fueron justificadas. Las investigaciones judiciales son la respuesta a las denuncias interpuestas por la Fiscalía meses atrás y después de detectar irregularidades en las actuaciones del organismo como resultado de diligencias propias.

Fuentes próximas al caso explicaron que desde los juzgados de Lebrija se han solicitado informes a la Intervención de la Junta de Andalucía acerca de las subvenciones otorgadas a Bajo Guadalquivir desde esta administración.

Asimismo, añadieron estas fuentes, se ha encargado a la Guardia Civil que examine la gestión de estos fondos por parte de la desaparecida mancomunidad. Serían unos primeros pasos antes de decidir si se cita a algunos de los antiguos responsables a declarar, en su caso posiblemente como imputados a tenor de los indicios de delito ya detectados por el Ministerio Público.

Otra cuestión aún por resolver es si se agrupan todas las denuncias presentadas por la Fiscalía y es un único juzgado el que asuma la causa, una hipótesis que parece sensata y probable. Como ya adelantó EL MUNDO de Andalucía, el Ministerio Público ha encontrado evidencias de un supuesto fraude en las subvenciones que recibió la mancomunidad sobre todo para cursos de formación. De las ayudas públicas investigadas, prácticamente ninguna fue justificada.

 

Las irregularidades las ha detectado la Fiscalía de Dos Hermanas a raíz de la investigación que ha desarrollado en los últimos meses y que se ha centrado en las últimas subvenciones concedidas a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, aquellas respecto a la cual el presunto delito no habría prescrito aún. A resultas de dicha investigación, explicaron fuentes próximas, la Fiscalía de Dos Hermanas decidió interponer hasta once denuncias, una por cada subvención, en los juzgados de Lebrija.

En todas y cada una de estas denuncias, el Ministerio Público pone en conocimiento del juzgado de turno las supuestas irregularidades encontradas, cómo la institución recibió el dinero pero no justificó su destino, por lo que pide que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades penales al considerar que podría haberse cometido un delito, el de fraude en subvenciones.

Las denuncias no se dirigen contra nadie específicamente, aunque al frente de la institución han estado varios alcaldes, la mayoría socialistas. La última presidenta fue la alcaldesa del PSOE de Lebrija, María José Fernández, aunque también ha ocupado el cargo el que fuera alcalde socialista de Los Palacios, Antonio Maestre. Precisamente, la Fiscalía de Dos Hermanas interrogó a principios de mayo al ex alcalde socialista de Los Palacios y Villafranca acerca de una ayuda estatal recibida por la mancomunidad y cuyo reintegro habría reclamado el Estado, al no quedar debidamente justificado el destino de estas subvenciones.

Esta ayuda es una de las que ha denunciado el Ministerio Público en los juzgados de Lebrija. Fue concedida a la Mancomunidad cuando estaba presidida por Maestre y el Estado habría reclamado el reintegro al no quedar convenientemente justificada, supuestamente, la aplicación de la ayuda para el fin para el que fue otorgada. De hecho, según los datos que maneja el Partido Popular, la institución se enfrenta a peticiones de reintegro de subvenciones públicas por un importe cercano a los seis millones de euros.

Ésta es, de hecho, la única subvención estatal que ha llevado a los tribunales el fiscal. El resto, señalaron las fuentes, son ayudas concedidas, fundamentalmente, por la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. Una vez recibidas las denuncias, los dos juzgados de Lebrija se las han repartido y han acordado la apertura de diligencias previas, que podrían unificarse en un único procedimiento teniendo en cuenta la conexión entre todas ellas.

Las denuncias de la Fiscalía de Dos Hermanas son un episodio más en la serie de irregularidades que han llevado a la desaparición de la mancomunidad. El pasado mes de abril de 2014, el pleno aprobó definitivamente su expediente de liquidación, repartiendo entre los municipios que la integraban, siete de ellos de Sevilla y cuatro de Cádiz, una deuda superior a los 42,6 millones de euros.

Aunque el agujero llegó a ser mucho mayor y en abril de 2013 se cifraba en 52.204.879 euros, si bien esta cifra se redujo con medidas como el compromiso de la Junta de Andalucía de asumir el coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija, pertenecientes a la mancomunidad. La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir se constituyó en el año 1980 con personalidad jurídica propia con el objetivo de captar fondos europeos y bajo la gestión del PSOE, que ha gobernado en la mayoría de los municipios que la forman: Las Cabezas, Chipiona, El Coronil, El Cuervo, Lebrija, Los Molares, Los Palacios, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Utrera.

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