Villalobos declara ante el juez por la querella de Paqui Fuentes y Wenceslao Carmona

Villalobos declara ante el juez por la querella de Paqui Fuentes y Wenceslao Carmona

El alcalde de Utrera, José María Villalobos (PSOE), ha prestado declaración ante el juez por un supuesto delito de injurias y calumnias, tras la querella presentada por la edil y presidenta del PP local, Paqui Fuentes; y su compañero, el ya exconcejal Wenceslao Carmona.

El socialista fue citado en calidad de imputado, en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Utrera. Se trata de un procedimiento que se presentó a raíz de que Villalobos llamara «corruptos» a los dos miembros del PP. Según ha explicado Fuentes, en declaraciones a Utrera Digital, el actual alcalde de la localidad «dijo que no se arrepiente de nada», aunque «reconoció que debía haber agregado la palabra ‘presuntos’» al referirse a los dos querellantes. Asimismo, «se ha acogido a su derecho a no declarar, cuando mi abogado le ha planteado algunas preguntas, como por ejemplo, la relativa al daño moral que ha hecho a mi familia».

La presidenta del PP local afirma que «voy a seguir luchando» y confía en que el procedimiento siga adelante. Además, según ha afirmado, si el juez condena a José María Villalobos, «puede decretarse su inhabilitación para cargo público, aunque lo habitual sería que se resolviera con una sanción al tratarse de injurias». En cuanto al desarrollo jurídico de este caso, el juez debe decidir ahora si procesa o no al líder del PSOE.

Por su parte, el secretario de organización de los socialistas utreranos y el gabinete jurídico de esta formación política han declinado realizar declaraciones, señalando únicamente que esperan que se archive la querella.

La disputa judicial entre los miembros del PP y Villalobos se inició a raíz de unas declaraciones que éste realizó a la agencia de comunicación Europa Press, lamentando que el entonces alcalde, Francisco Jiménez (PA), «mantenga su pacto de gobierno con concejales corruptos».

Dichas manifestaciones fueron realizadas a raíz de la imputación de los dos ediles del PP por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ambos están señalados porque presuntamente no firmaron una sanción de más de un millón de euros a un empresario por ocupar una parcela municipal.

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