
Quiero comenzar esta reflexión reconociendo que los trabajadores contratados por los planes de empleo son los principales perjudicados de la polémica que está sonando estos días.
Dicho esto también me gustaría preguntarme por qué motivo están buscando como culpable a su situación alguien que no es quien ellos gritan. El otro día pasé por la puerta del ayuntamiento y escuché cómo coreaban «¡Alcalde vete ya!». Supongo que si lo gritan es porque alguien les ha debido decir que el alcalde es el culpable. Y supongo que ese alguien debe ser los sindicatos, que andan gestionando este asunto. Pues me parece lamentable que estén manipulando políticamente a los afectados y les estén mintiendo sobre algo que todos tienen claro que no depende del Ayuntamiento sino de la Junta de Andalucía.
Intenta calentar el ambiente en vísperas de las elecciones municipales con algo que es totalmente falso me parece una vergüenza. De hecho, el pleno ya aprobó hace meses una propuesta por unanimidad (aprobada por todos los partidos políticos, incluido el PSOE) para reclamar a la Junta de Andalucía que pusiera remedio a esta situación que la propia Junta ha creado. Y ahora parece que algunos, intencionadamente, intentan hacer creer que el culpable de todo es el Ayuntamiento. Estaría bien que explicaran por qué.
El Ayuntamiento presenta dentro del plazo todo lo que debería presentar para acogerse a los planes de empleo. El retraso llega por culpa de la tramitación de la Junta. Y aquellos que dicen que desde Utrera se entregó fuera de plazo deberían saber que, de haber sido así, Utrera no estaría beneficiándose de estos planes porque habría quedado fuera.
Según he leído, el Ayuntamiento ha querido mantener el tiempo que falta para completar los seis meses previstos, incluso pagándolo con dinero de las arcas municipales, pero legalmente no puede hacerlo. Y pese a que no se puede hacer, los sindicatos le piden al Ayuntamiento que haga algo que es ilegal.
Toda esta historia me parece un despropósito y no entiendo por qué se tergiversa y se miente intencionadamente a los ciudadanos más desesperados por un problema creado por la Junta de Andalucía.
Juan María G. Ruiz